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| *LA AUTORA es una ex vicepresidenta de la República y dirigente del PRD. |
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El debate sobre el Tribunal Constitucional, creado el pasado 26 de enero con la Reforma Constitucional, es el tema dominante en el campo del Poder Judicial. Su trascendencia ha producido diferencias de criterios en el seno de la Suprema Corte de Justicia, en áreas del Poder Ejecutivo, y fraccionado y, sobre todo, cohesionado a los abogados especialistas en el tema constitucional. Y, de manera inesperada para el partido de gobierno, por la necesaria mayoría que la misma Constitución requiere para la aprobación de las “Leyes Orgánicas”, ha creado una coyuntura de negociación para la oposición política en la que ésta puede decidir si representa o no a la ciudadanía, y si está dispuesta a contribuir, como lo hizo en 1997, usando las disposiciones constitucionales, los recursos establecidos en los reglamentos parlamentarios y empleando su capacidad de concertación, con el perfeccionamiento del sistema democrático en el que la justicia juega un papel determinante.
En su comunicado publicado el pasado 7 de enero, Día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia, hace un acertado recuento de los plazos constitucionales que han y estarán perimiendo y que son indispensables para el funcionamiento de nuestra justicia. Finjus nos asegura que el tema del Tribunal Constitucional es importante pero además que la situación creada por la falta de aprobación de las Leyes Orgánicas del sistema judicial es gravísima debido a que:
Perimió el plazo constitucional para poner en funcionamiento el órgano de gobierno del Poder Judicial,
Perimió el plazo constitucional para poner en funcionamiento el órgano de gobierno del Ministerio Público,
El 26 de enero vence el plazo para aprobar la ley que establece el funcionamiento del Tribunal Constitucional y por lo tanto su integración,
A un año de las próximas elecciones presidenciales ¿Cuándo entrará en funcionamiento el Tribunal Superior Electoral?,
Por experiencia conocemos que el Consejo Nacional de la Magistratura cuenta con una ley que establece su funcionamiento en la que, retomando el largo trabajo de los principales actores del sistema, nos tocó jugar el papel de facilitadora. Pero el proceso actual, de sustitución casi masiva de magistrados, que pone a prueba el sistema de Carrera Judicial, necesita actualizar la ley 169/97.
Por estas razones simplifican la situación real de nuestra justicia quienes limitan el debate sobre El Poder Judicial al Tribunal Constitucional. La situación que como consecuencia de ausencia de elaboración, aprobación, modernización de leyes orgánicas y vitales que para su funcionamiento atraviesa nuestro sistema jurídico, es demasiado importante para el estado de derecho que demanda la Constitución, hoy de democracia social, cuyo papel fundamente es el defensa de los derechos ciudadanos.
El Cardenal Lopez Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado hablaron sobre el tema, lo propio han hecho otras instancias religiosas, pero el Partido Revolucionario Dominicano tiene el número de legisladores que se necesitan para detener o impulsar esas importantes leyes orgánicas y debe hacerlo como producto del entendimiento nacional que necesitan los cambios profundos, quizás revolucionarios, que la nueva Constitución impuso al Poder Judicial. Ojalá que ese número de diputados, como parecen querer nuestras autoridades y precandidatos, trabajen para alcanzar una concertación sobre todos los aspectos pendientes de solución en el área de la justicia.
Desde luego que no deberá concertarse para los míos y los tuyos, sino para los de todos, para los mejores y deberá estar ausente en esa concertación una frase que viene deteriorando el sistema democrático: “Esto es política” como si en nombre de la política fuera permitido hacer cualquier cosa.
Demandar una negociación general para el Poder Judicial es aproximarnos al funcionamiento de la división de poderes establecido en la Constitución, es defender la Carrera Judicial, es saber ampliar la representación ciudadana, no por cargos alcanzados sino por los votos recibidos. Es poner a prueba la capacidad de negociación del gobierno para crear un Plan de Nación. Es construir soluciones, es representar la sociedad, es hacer ejercicio de oposición efectiva y es ayudar al Poder Ejecutivo a escuchar la sociedad que gobierna y a los partidos políticos a jugar la función de Estado que se deriva de ser la oposición, Este es el papel por el que quiere y debe caminar el PRD.
No es fácil el atrevimiento de esta propuesta, es una negociación desde la precariedad, es una brecha, la oportunidad de construir una salida, asumiendo todos, sociedad civil y movimientos políticos, que los votos que la hacen posible están definidos en un solo lugar y para quien los tiene, la oportunidad de hacerlo bien.
Santo Domingo, D. N., 11 de enero de 2011. |
